• Sobre la criminalización médica:  el caso MiPres

Sobre la criminalización médica: el caso MiPres

Por: Santiago Patiño Giraldo. Profesor Auxiliar, Departamento de Medicina Interna, Universidad de Antioquia – Médico Internista Hospital Pablo Tobón Uribe

 

Con autorización del autor, reproducimos en “Vida y Salud” este artículo de opinión publicado en “UdeA Noticias” el pasado 16 de marzo, en el sitio: www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias.

 

La medicina nunca ha sido ni será fácil. Si los científicos tienen dificultades en sus métodos, y los artistas en sus interpretaciones, ¿qué esperarse de una arte-ciencia?  Entre las exigencias del conocimiento, y de la necesidad mágico-religiosa que buscan los pacientes, ser médico será complejo.

 

Históricamente no han sido pocas las ocasiones en las cuales se nos ha acusado de charlatanes, mercaderes de la muerte, interesados e hipócritas, pero creo que es la primera vez que nuestra profesión es tildada de criminal de una forma tan descarada. Esto gracias al nuevo sistema de prescripción de medicamentos fuera del plan de beneficios: MiPres.

 

MiPres es una idea loable. Los sistemas de información en salud integrados, son indispensables para una adecuada administración de los recursos. A través de ellos, se puede identificar en qué y por qué se está gastando, para luego tomar acciones. Visto así, una apuesta ministerial por una plataforma que recoja las prescripciones médicas es válida y digna de aplausos. Sin embargo, este rescate de la autonomía médica, usurpada por los Comités Técnico-Científicos (CTC), en la realidad es un constreñimiento aún mayor y posiblemente más difícil de franquear.

 

Hay varias contradicciones en el nuevo sistema. Primero, si de acuerdo con la Ley Estatutaria en Salud “todo está incluido” a no ser que sea excluido -peligrosa interpretación literal-, obligando a la desaparición formal del Plan Obligatorio de Salud (POS), ¿por qué existen aún servicios en salud no incluidos en el nuevo POS (Plan de Beneficios en Salud -PBS-)? Posiblemente, ante la alerta del paquete “todo incluido” de la Ley Estatutaria en Salud, ha considerado este mecanismo expedito para controlar el gasto mientras como sociedad nos ponemos de acuerdo en las exclusiones. Me parece válido y considerable. Parto adicionalmente de que nuestro PBS es bastante amplio comparativamente con otras naciones. Pero hay casos en los cuales es insuficiente: ¿Qué tengo que hacer como médico nuevamente “autónomo”?

 

Debo cumplir requisitos: probar que lo incluido no sirve, que el medicamento esté autorizado por Invima o en su defecto en un listado llamado de la forma más solidaria que se les ocurrió: -UNIRS- (Usos no Incluidos en el Registro Sanitario). Requisitos para criminalizar el acto médico. Profundizaré al respecto. 1) Demostrar que lo incluido no sirve: Suena coherente. Pero, ¿será ético ofrecer a un paciente una terapia que a la luz de la lex artis sea menos efectiva para demostrárselo al sistema? ¿Tengo que exponer a mi paciente a una terapia PBS sabiendo que para su perfil es mejor otra opción? ¿Qué dirá el Comité de Ética Médica cuando aduzca la “Lex MiPres”? 2) Indicación Invima: La vigilancia y control de dispositivos y medicamentos están a cargo de esta institución estatal. Es lógico que, si la terapia propuesta no está autorizada, el sistema de salud no responda.

 

El problema está en que esta institución es incapaz hoy en día de garantizar un listado actualizado de indicaciones a lo que la ciencia médica hace. Además, depende de la casa farmacéutica tramitar estas autorizaciones, si no está interesado en ese “mercado” -eso es lo que significan los pacientes para algunas de estas instituciones-, pues no solicitan la autorización. Si el Invima tuviera la trayectoria, recursos y confiabilidad de agencias estatales como la FDA de Estados Unidos o la EMEA europea, no habría discusión.
3) El salvavidas UNIRS: Acá renacen los CTC, ahora Juntas de Profesionales de la Salud (de mínimo 3 miembros y uno de ellos es profesional par del médico prescriptor).

 

Estas Juntas deben verificar, previo consentimiento informado del paciente, por qué lo que el médico está intentando hacer es “peligroso”, “fuera de lo común”, que el medicamento que se va a usar sí tenga utilidad en el caso planteado por el médico tratante. Gastaremos recursos y tiempos profesionales -una vez más- en estas Juntas, que a ciencia cierta nadie sabe cuánto tiempo tomarán en sus decisiones. El listado UNIRS y las Juntas están en construcción, y mientras tanto ¿qué?

 

¿Y si no se cumple ninguno de estos escenarios? Aquí llega la cereza del pastel en criminalización: en caso de que se prescriba sin llenar estos requisitos, se considera una prescripción ilegal. Así no más, querido lector, rápidamente se acaba de cometer un delito, y de médico -puede que sin darse cuenta- ahora se es un delincuente. Y no cualquier criminal, es uno con el acervo probatorio en su contra, pues MiPres tiene la prueba reina en la que Usted intentó enviar un medicamento sin Invima y sin UNIRS. Contra semejante evidencia, ¿qué abogado podrá defenderlo?

 

No sé si ayude a este sistema de salud criminalizar el bien a los pacientes. Bastante mal ha hecho la medicina defensiva, producto de unos pacientes consumistas y de abogados arribistas, como para que ahora, con carga probatoria incluida, seamos criminalizados los médicos por tratar de servir a los pacientes. Compleja medicina.

 

“…Históricamente no han sido pocas las ocasiones en las cuales se nos ha acusado de charlatanes, mercaderes de la muerte, interesados e hipócritas, pero creo que es la primera vez que nuestra profesión es tildada de criminal de una forma tan descarada…”.

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